La propuesta fue enviada a la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios y aún no revela su contenido definitivo.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) presentó el 3 de noviembre de 2025 un proyecto para modificar la regla de carga pública, criterio clave para determinar quién puede obtener o ajustar la residencia permanente; el texto sigue en revisión interna y mantiene en alerta a solicitantes y asesores migratorios.
USCIS registró la iniciativa ante la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios (OIRA), primer paso obligatorio antes de cualquier cambio normativo que afecte requisitos migratorios. Hasta ahora no se han publicado los detalles del borrador, por lo que no se conoce con precisión qué beneficios podrían ser incorporados o excluidos en la evaluación de “carga pública”.
La regla vigente, adoptada en septiembre de 2022, establece que solo se toma en cuenta la asistencia en efectivo para manutención de ingresos (como el Seguro de Ingreso Suplementario (SSI) o TANF) y la institucionalización de largo plazo financiada por el gobierno. Programas como cupones de alimentos (SNAP), vales de vivienda, WIC o Medicaid regular no se consideran actualmente para declarar a una persona inadmisible por este concepto.
El fundamento legal se encuentra en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite negar la Green Card o un ajuste de estatus a quienes se estime que dependerán principalmente de ayudas públicas. Sin embargo, las definiciones específicas de qué cuenta como “carga pública” han variado en los últimos años, motivo por el cual cada intento de reforma genera incertidumbre entre los migrantes.
Según la información disponible, el nuevo proyecto apunta a ‘actualizar’ los criterios de evaluación, pero sin precisar todavía si buscará ampliar la lista de beneficios considerados, ajustar parámetros económicos o introducir nuevas obligaciones de documentación. El alcance real se conocerá recién cuando el texto sea publicado en el Registro Federal para comentarios públicos.
Mientras tanto, la política actual sigue aplicándose sin cambios: los solicitantes deben demostrar que no serán principalmente dependientes de ayudas monetarias de largo plazo, pero pueden acceder (bajo ciertas condiciones) a otros programas sin que ello implique automáticamente una causal de inadmisibilidad.
El posible ajuste impactaría de forma directa a quienes tramitan la residencia permanente o buscan modificar su estatus dentro del país. USCIS recuerda que muchos residentes permanentes se consideran “extranjeros calificados”, con acceso restringido pero posible a determinados beneficios, y que existen excepciones para refugiados, asilados, víctimas de trata, menores de edad y otros grupos vulnerables definidos por la normativa federal.
El procedimiento para cualquier cambio incluye varias etapas: revisión técnica dentro del gobierno, publicación del borrador en el Registro Federal, periodo de comentarios del público y, eventualmente, emisión de una versión final. Hasta completar ese ciclo, no se altera el marco aprobado en 2022 y no se aplican nuevas restricciones.
Organizaciones de apoyo a migrantes siguen de cerca el proceso ante el temor de que un giro más restrictivo incremente la inseguridad jurídica y desaliente el uso legítimo de programas sociales. La recomendación general es informarse solo a través de canales oficiales y no modificar estrategias de solicitud hasta que USCIS publique reglas claras.
La propuesta marca una señal de posible endurecimiento en la lectura de la ‘carga pública’, pero por ahora se mantiene en fase interna: los criterios actuales continúan vigentes y cualquier cambio deberá pasar por revisión pública antes de redefinir el camino hacia la Green Card.
